La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado a la Sala de Apelaciones que rechace la apelación del ex presidente filipino Rodrigo Duterte para su liberación temporal, argumentando que su defensa no ha demostrado errores legales o fácticos en la decisión anterior de mantenerlo bajo custodia.
En su última respuesta, una versión redactada públicamente de un documento presentado el 31 de octubre, la fiscalía defendió el fallo del 26 de septiembre de la Sala de Cuestiones Preliminares I, que negó la solicitud de Duterte de liberación provisional bajo el Estatuto de Roma.
La sala previamente determinó que la detención de Duterte es necesaria para asegurar tres objetivos clave.
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Asegurar su comparecencia en el juicio
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Prevenir que obstruya o ponga en peligro la investigación o los procedimientos judiciales
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Evitar que continúe cometiendo los delitos alegados
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Según la fiscalía, la apelación de Duterte refleja principalmente un “desacuerdo” con el fallo en lugar de identificar un error judicial genuino. Afirmó que la defensa “malinterpreta y no comprende la ley aplicable”.
Riesgos potenciales
Un aspecto central del argumento de la fiscalía de la CPI se centra en el riesgo de que Duterte pueda huir u obstruir la justicia si es liberado.
La Fiscalía resaltó que la Sala evaluó correctamente que la detención “parece necesaria” a la luz de los riesgos potenciales, rechazando las afirmaciones de la defensa de Duterte de que estos riesgos eran meramente “hipotéticos”.
Los fiscales también señalaron la influencia política de Duterte y su red de seguidores leales, incluidos su hija, la vicepresidenta filipina Sara Duterte, y su reciente elección como alcalde de la ciudad de Davao, como indicadores de su capacidad para movilizar apoyo o evadir la justicia.
“De manera similar, la Sala de Apelaciones ha señalado que ‘el acceso a contactos internacionales podría proporcionar los medios para permitir que un sospechoso se dé a la fuga, independientemente de si hay evidencia de que el sospechoso realmente utilizaría dichos contactos’.”
La Fiscalía también defendió el uso de información pública, incluidos informes de medios y hallazgos de ONG, para respaldar su caso, afirmando que tales fuentes se aceptan rutinariamente en los procedimientos de la CPI al evaluar la necesidad de detención.
“Es tanto racional como —como demuestra la jurisprudencia de la Corte— incontrovertido concluir que el riesgo de fuga de un acusado aumenta con la severidad del castigo que enfrenta y la confirmación de los cargos en su contra”, también afirmó.
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Condiciones de salud y liberación desestimadas
La Fiscalía también rechazó la afirmación de Duterte de que su salud justificaba su liberación, diciendo que sus argumentos médicos eran “insuficientes”.
La sala ya había dictaminado que sus supuestas dolencias no superaban los riesgos que su potencial liberación podría representar.
Aunque reconoció que las preocupaciones de salud pueden influir en la discreción judicial, la Fiscalía dijo que no había evidencia que sugiriera que la detención representara un daño serio al bienestar de Duterte.
“La cuestión del estado de salud de Duterte aún no ha sido evaluada y la Fiscalía no acepta que haya base para concluir que Duterte no está en condiciones de ser juzgado”, afirmó, agregando que no está claro qué estándares o umbrales legales utilizó la defensa en su evaluación.
